La política chilena vive actualmente un duro momento, gracias a los diversos casos de corrupción y tráfico de influencias que han salido a la luz en los meses recientes, casos que involucran a políticos de todos los colores. Este episodio ha incrementado la desconfianza y falta de credibilidad en la ciudadanía.
Pichilemu vivió un duro capítulo de su historia en la década pasada. Controversias que involucraron a señores aludidos extensivamente en artículos anteriores, y a muchos más, que dejaron mal parada a la municipalidad y a la comuna.
Mismos señores que han propuesto que, —contrario a lo que la Constitución, leyes, y convenios internacionales que nuestro país ha ratificado, en relación a la libertad de expresión y la libertad de prensa— \»ya estaría bueno que las Autoridades comunales hicieran algo con este medio de comunicación para que dejara de funcionar ya que no contribuye en nada al desarrollo de la comuna\» [sic].
Para su infortunio, este medio de comunicación no es la única posibilidad existente para que los ciudadanos se informen.
\»La más poderosa herramienta de emancipación cultural inquieta a la clase política por la transparencia y libertad que aporta\». Palabras utilizadas por el diario El País de España para referirse al poder de Internet. La facilidad para acceder a Internet se incrementa cada día en nuestro país.
La Internet ha logrado que la ciudadanía se empodere, permitiéndoles acceder a una infinidad de textos, noticias, documentos, videos, fotografías, de una forma que hasta hace unos años era impensada. Las redes sociales, como Facebook y Twitter, han jugado un papel importante en ello.
La \»red de redes\» no sólo nos permite —por ejemplo— recordar e investigar hechos desafortunados y vergonzosos, de personas que quieren volver a ocupar cargos públicos. También nos da la posibilidad de fiscalizar, nosotros mismos, a las diversas entidades estatales.
Desde 2008 existe la ley de acceso a la información pública, más conocida como Ley de Transparencia. Esta ley mandata a todos los organismos del Estado a publicar ciertos documentos (como nóminas de personal, actas del concejo municipal, licitaciones, etc.). Además, permite que cualquier ciudadano pueda solicitar todo tipo de documentos o informaciones generadas en cualquier institución pública, debiendo ser respondida dicha solicitud en 20 días hábiles —pudiendo extenderse este plazo por diez días más, de manera excepcional—.
En el caso de la municipalidad de Pichilemu, en algunas ocasiones ésta ha respondido de forma poco acertada las solicitudes que hemos realizado, como parte de nuestras labores informativas. Nos ha sido necesario recurrir al Consejo para la Transparencia, que —lamentablemente— ha acogido los argumentos del municipio para rechazar los recursos de amparo por denegación de acceso a la información.
La justificación del municipio para no entregar información histórica: todos los documentos generados antes del terremoto del 27 de febrero de 2010 están \»perdidos, destruidos, estropeados\». Qué no, si los llevaron a una bodega, utilizando un bulldozer, y luego permitieron que se pudrieran y llenaran de ratas. ¿Qué habrán querido ocultar? Nunca lo podremos saber.
De ser electo como autoridad el señor aludido en artículos anteriores, ¿estará cómodo teniendo que entregar todos los detalles de su gestión, ante las solicitudes de una comunidad que —reiteramos— cada día está más empoderada?
Adelantémonos a los hechos. La municipalidad de Pichilemu debe comenzar desde ya con una política de transparencia total. Esto es, publicar, sino todos, la mayoría de los documentos (memorándums, ordinarios, cartas, oficios, etc.) que genera (claramente, no de forma retroactiva), y dar el ejemplo no sólo a nivel local, sino que a nivel nacional.
Obviamente la comunidad sentirá mayor confianza en un municipio abierto, sin medio al escrutinio público, que en un municipio que buscará, por todos los medios y formas, ocultar una administración deficiente e incapaz.
Hagamos de Pichilemu, transparente siempre.
